COMENTARIO DE UN ARTÍCULO DE PRENSA SOBRE LA LOMCE (Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), respecto a la enseñanza no
universitaria.
20Minutos.
En el artÍculo titulado Séptima ley educativa de la
democracia: fin de la selectividad, pero más exámenes previos
redactado por el medio de comunicación conocido como 20Minutos.es, se exponen algunos de los puntos clave del recientemente aprobado
anteproyecto de la Ley Orgánica para le
Mejora de la Calidad Educativa, conocido como LOMCE, no universitaria.
A lo largo de todo el articulo nos
encontramos con datos vinculados a las diferentes dimensiones de la Educación
(moral, social, económica y política), en muchas de las ocasiones
interrelacionadas, lo que supone una dificultad a la hora de especificar cada
dimensión.
Al comienzo del artículo nos encontramos con
la enumeración esquemática y concisa de las medidas claves de esta ley.
Será en el primer párrafo del texto narrado donde
nos encontramos con la dimensión social, pues se hace referencia al
punto de facilitar la financiación con dinero
público a centros escolares concertados que lo deseen, que segreguen a sus alumnos por razón de sexo,
brindando de esa manera, la discriminación. Por consiguiente se aprecia como se
ponen en peligro fenómenos como la integración escolar y la igualdad,
ambos considerados pilares de nuestro sistema educativo.
En lo que respecta a la dimensión política
de la Educación, nos la encontramos
reflejada en varios párrafos, como el
referido a la mediada que anuncia que el gobierno central aumentará su capacidad
de fijar los contenidos educativos.
Ello es un claro ejemplo del papel del Estado en el control del
currículo que quiere convertirse en el reflejo de los intereses de clases
dominante. Con esta medida lo que se
consigue es crear un sistema educativo más centralista, menos autónomo y
menos diverso, obviando de nuevo que otros países con alto nivel de vida tienen
sistemas educativos muy descentralizados, con una gran autonomía a todos los
niveles: regiones, distritos, centros.
De medidas como ésta, también se extraen la dimensión
moral -pérdida de valores como el ser
demócrata- y social; pues en un sistema educativo en el que se aumenta la
capacidad de fijar los contenidos educativos, lo que se consigue es restringir
el derecho de tolerancia y pluralidad con relación a las diferentes comunidades
autónomas que componen nuestro país; pudiendo ser visto como un proyecto
centralizador, al contrario de lo expresado por el propio ministro de Educación.
Con la medida relativa a reforzar las asignaturas básicas,
reduce optativas y vías formativas e
implanta nuevas pruebas de evaluación unificadas en el ámbito nacional,
lo que consigue es instaurar un currículo obsoleto y cerrado, que da más horas
a las instrumentales; propone un currículo alejado de los currículos abiertos
de otros países, con numerosas optativas. En esta medida se pueden observar
tanto la dimensiones políticas, morales y sociales. En principio se supone
que el objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a
los niños/as, y jóvenes, una formación plena que les permita formarse,
integrando conocimiento y valores morales; todo ello con el fin de desarrollar
sus capacidades en una sociedad plural, libre, tolerante y solidaria. A la vez
que lo que supuestamente se persigue con esta ley es ver a la educación como el
motor que promueve la competitividad en la economía y el nivel de
prosperidad de un país; al mismo tiempo que facilita el desarrollo personal y
la integración social.
Sólo un currículo abierto, flexible, con
grandes abanicos de optatividad puede dar respuesta a la diversidad del
alumnado que tiene derecho a la Educación. Con esta ley se está cerrando este
currículo y se está seleccionando de forma temprana a aquellos alumnos que peor
se adaptan a él. Y lo cierto es que es muy difícil que el alumnado tenga la
madurez necesaria para tomar decisiones en este periodo de su vida. Es más, es
muy habitual que en esos años adolescentes, los alumnos tengan el año
tonto y su rendimiento sea anormalmente bajo.
Otra de las medidas, que se toman con el fin
de reducir el abandono escolar, es el
realizar evaluaciones nacionales a final
de cada ciclo educativo (3º y 6º de Primaria, 4º ESO y Bachillerato),
es decir, estandarizadas, para medir el rendimiento académico del
alumnado, evaluando según criterios unificados. Ante esta medida, se ve como
positivo que se dará mayor equidad, reduciendo así la desigualdad entre
Comunidades Autónomas en las evaluaciones.
En lo que respecta a los itinerarios (dimensión
social y económico), lo cierto es que en 4º ESO cambia y pasa a convertirse
en un curso de iniciación con vistas a dos itinerarios diferenciados: "profesional"
y "académico". Es decir, hay dos vías cerradas: FP y Bachillerato. En
cuanto a las asignaturas se va a primar lo útil, lo que puede aplicarse, como Matemáticas,
Lengua e idiomas, y en cambio las optativas se reducen.
En concreto, con esta medida se pretende
bajar el fracaso escolar pero en cambio va a suponer la segregación y
desigualdad de oportunidades, pues con ella se produce la reducción de becas,
los exámenes y reválidas a modo de cribas, el concierto de centros que segregan
en razón de sexo a las alumnas y los alumnos y la desaparición de 4º de E.S.O.
tal como lo conocemos, implica poner más trabas a aquellos alumnos y aquellas
alumnas que ya de por sí experimentan dificultades de diversa índole. Con ella
se permite la selección del alumnado e impide que cada alumno desarrolle su
propio proyecto personal según sus capacidades, actitudes y expectativas. Se
está considerando a las personas sólo por su talento y no todas sus
capacidades, intereses y motivaciones variables y susceptibles de mejora según
las circunstancias. En lugar de aclamar la diversidad y poner todos los medios
necesarios para que cada persona se desarrolle en las aulas, la LOMCE se dedica
a la selección por el mérito y la segregación del diferente. Habla de talentos
y no de Inteligencias múltiples, que hubiera supuesto un gran avance
científico; tampoco mueve a la consecución de su proyecto personal; tampoco de
las personas con discapacidad que precisan de ajustes y ayudas para
desarrollarse. Se está justificando la selección de unos y la
segregación del resto.
En lo que respecta al párrafo donde se trata
la Formacion
Profesional dual, nos encontramos con la dimensión económica (Valor
educativo y valor económico) y social (Poner en contacto a la escuela con los intereses
de la sociedad) de la Educación muy
definida. Con esta medida lo que se persigue es conseguir la dualidad de
empresa y aula, teniendo como objetivo esta formación dual que el Sistema
Educativo funcione en pro del empleo. La ley se hace con el fin de formar para
el empleo y dotar a los alumnos/as de los conocimientos básicos necesarios para
el trabajo. Pero, a su vez, esto supone una mercantilización absoluta del
Sistema Educativo; pues esto lleva consigo la supresión de asignaturas juzgadas
como "no instrumentales" y del contemplar el sistema educativo como
una plataforma cuyo único fin es el mercado laboral ha generado la impresión
de que ésta ley supone una mercantilización de la educación y el conocimiento,
buscando crear una mano de obra dócil y acrítica. Esto supondría un retroceso
enorme en lo que entendemos que es un sistema educativo en una sociedad que
pueda considerarse democrática.
Otra de las medidas claves de esta reforma,
según el ministro, es conceder mayor autonomía a los equipos directivos,
lo que conlleva que se profesionalice la
función directiva para fomentar su eficacia y cumplir los objetivos de calidad
que se planteen desde el gobierno, lo cual estará sujeto a incentivo. Por otro
lado, se puede considerar como una ley autoritaria, en lo que respecta a su
aplicación, porque genera un modelo educativo
que es autoritario; reflejándose en la idea de poner un tipo de dirección que
es absolutamente servil, y el
profesorado no tiene ninguna autonomía,
al que le van a decir todo lo que
tiene que hacer en las aulas, como se
debe evaluar, y su finalidad va a ser destinada a enseñar trucos a los
alumnos para que aprueben las revalidas y las evaluaciones externas que les
pongan; porque cualquier evaluación que haga ese profesorado la administración
la va a poner en duda, y es por lo que va a
obligar a hacer evaluaciones externas y revalidas.
No da protagonismo alguno a la metodología
docente, tampoco habla nada de la imprescindible evaluación de la práctica
docente ni de la necesidad urgente de cambiar el acceso a la profesión.
Limita la participación del profesorado y las
familias en la Educación, al relegar a los Consejos Escolares a un papel
meramente consultivo. Refuerza el poder de los Equipos Directivos hasta el
punto de que podrán negarse a contratar a interinos y contratar
profesorado que no pase por procesos públicos de selección.
Me parece especialmente grave el traslado forzoso
de los funcionarios por “necesidades educativas”.
Para concluir, me atrevo a hacer un
comentario personal, en el que destaco la contradicción entre los
planteamientos de este último anteproyecto de ley, con relación a los objetivos
fundamentales de la Educación, como es el de proporcionar a los niños y jóvenes
una formación plena que les permita formarse, integrando conocimiento y valores
morales; todo ello con el fin de desarrollar sus capacidades en una sociedad
plural, libre, tolerante y solidaria.
Además pretenden hacernos creer que el fin es
ver el sistema educativo que se plantea como el motor que promueve la
competitividad en la economía y el nivel de prosperidad de un país; a la vez que facilita el desarrollo personal y
la integración social. Ante lo cual, opino que con un sistema educativo en el que se aumenta la capacidad de
fijar los contenidos educativos, lo que se consigue es restringir el derecho de
tolerancia y pluralidad con relación a las diferentes comunidades. En lo que
respecta a la medida relacionada con la financiación pública de colegios de enseñanza
separados por sexos, puedo catalogarla como algo que choca con los valores
morales que supuestamente se defiende en este nuevo sistema educativo.
En definitiva, me atrevería a definirla como
una ley injusta, desigualitaria y segregadora, hecha para seleccionar mano de
obra. Entre otros motivos porque impide
que cada alumno desarrolle su propio proyecto personal según sus capacidades,
actitudes y expectativas. Pretende reducir el fracaso escolar, pero en
cambio lo que se conseguirá es una mayor segregación entre el alumnado. En lo
que respecta al currículo propuesto, lo calificaría como cerrado, ya que da más
horas a las instrumentales y reduce el número
de optativas, lo cual va en detrimento de la Educación.
Lo que considero como realmente cierto es el
hecho de que el sistema educativo necesita cambios, pero no de los ideológicos para imponer un
modelo de sociedad que excluye a buena parte de ella; sino de los dirigidos a
resolver problemas reales de este sistema educativo, como son el elevado
fracaso escolar y abandono temprano, la rigidez organizativa del sistema, la
escasa motivación del profesorado y alumnado, la falta de medios humanos y
materiales, el uso de metodologías antiguas y la falta de apoyo por parte de la
administración. Y para concluir, me
gustaría añadir que considero fundamental la participación de la comunidad
docente y educativa para poder realizar una Reforma Educativa en condiciones.
